El Centro Cultural Cajasol ha acogido este jueves 26 de junio unas interesantes jornadas sobre 'Concienciación y sensibilización sobre trata de menores', organizadas por el Defensor del Pueblo Andaluz y el Defensor del Menor de Andalucía, que vienen trabajando desde hace meses en el avance de los procedimiento de identificación y filiación de los menores extranjeros que llegan a las costas andaluzas acompañados de adultos cuya filiación no resulta acreditada.
Según datos adelantados por el Defensor, desde la puesta en marcha de este trabajo conjunto se han intervenido en 52 casos en Andalucía por indicio de trata de menores, declarándose una treintena en situación de desamparo.
El objetivo de esta jornada era dar a conocer a la sociedad el resultado de las labores de coordinación mencionadas y propiciar la reflexión pública de este fenómeno. Se trata de niños y niñas que entran de 'manera irregular', encontrándose en una situación de especial vulnerabilidad, y por tanto, merecedores de una atención específica por los poderes públicos, en particular, y por la sociedad en general. Tras la realidad de estos menores se esconden en algunos casos episodios de trata de seres humanos en las que se ven envueltas sus madres o persona adultas acompañantes, lo que resulta una gravísima amenaza para los menores de edad, los cuales pueden llegar a ser objeto de malos tratos, explotación sexual, pornografía infantil o adopciones ilegales, entre otros peligros.
Un drama que hay que combatir entre todas las entidades políticas y judiciales, locales, nacionales e internacionales, con la ayuda de profesionales que trabajan directamente con los menores y las personas que los acompañan, quienes pueden aportar sus conocimientos y experiencias para la detección y la intervención en casos tan difíciles como estos.
El Defensor del Pueblo Andaluz y Defensor del Menor en Andalucía, Jesús Maeztu, ha reclamado "mayor coordinación" para luchar contra la trata de menores inmigrantes que entran en nuestro país para su explotación sexual, laboral y de tráfico de órganos, principalmente, un negocio que, lamenta, "mueve anualmente entre cinco y siete billones de dólares americanos". Así lo ha señalado junto a la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, y el director de la Obra Social de la Fundación Cajasol, Luis Miguel Pons.
De este modo, Maeztu —que presentará el próximo 8 julio en el Parlamento el informe del Defensor del Menor 2013— subraya que hay que "consensuar" un protocolo que decida la intervención de cada uno de los agentes de este proceso, que se presenta "complejo" porque es difícil "determinar la situación de riesgo de los menores". Además, ha aclarado que "no se trata de criminalizar a las madres sino de proteger a los hijos de mujeres que no pueden decidir sobre sus hijos porque dependen de las mafias".
Por su parte, Sánchez Rubio ha destacado que la Consejería ultima una orden que estará vigente a lo largo de este año y permitirá reforzar la protección de menores víctimas de redes de trata de personas. La norma hará referencia específica a la oportunidad de intervenir, en colaboración con los Servicios de Protección de Menores y las ONG, en casos de menores presuntas víctimas de redes residentes en los centros de atención a inmigrantes.
450 Profesionales conforman los equipos de tratamiento familiar
La consejera ha anunciado que su departamento está trabajando en este cambio normativo que facilitará a los 450 profesionales de los Equipos de Tratamiento Familiar (ETF) de las localidades donde se encuentran los centros de atención a inmigrantes dotarlos de las herramientas técnicas necesarias para abordar casos de víctimas menores de las redes de trata de personas. Durante la celebración de esta jornada en el Centro Cultural Cajasol, Sánchez Rubio ha explicado que esta normativa permitirá a los miembros de los ETF colaborar con los técnicos de las ONG y de los Servicios de Protección de Menores en el tratamiento de las familias, residentes en los centros de atención a inmigrantes, para dotarlas de las habilidades y competencias parentales necesarias para garantizar la adecuada atención y seguridad de sus hijos. "Se tata de escenarios complejos y situaciones delicadas", ha destacado.
Precisamente, para lograr este objetivo, la Consejería ha puesto en marcha un programa de formación específico destinado a los profesionales que componen los ETF en localidades con centros de atención a inmigrantes, profesionales de centros de protección de menores y mediadores culturales. A través de esta actividad formativa, que ya se ha desarrollado en Córdoba y Granada, los profesionales pueden adquirir las habilidades necesarias para detectar e intervenir en estos casos complejos por sus peculiaridades e implicaciones. Los ETF están formados por psicólogos, trabajadores sociales y educadores y dependen funcionalmente de los ayuntamientos. En todos los municipios de más de 20.000 habitantes y en las ocho diputaciones provinciales existe, al menos, un equipo de este tipo.
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